Un país periférico que adopta las políticas características del liberalismo económico tal como se aplican en contextos dependientes, es decir, apertura comercial irrestricta, privatización de sectores estratégicos, reducción del Estado, desindustrialización, primarización y endeudamiento externo como mecanismo compensatorio de desequilibrios estructurales, no solo no se aproxima a convertirse en una potencia, sino que, por el contrario, profundiza su posición subordinada dentro del sistema internacional. La evidencia histórica, comparada y empírica muestra que las potencias contemporáneas jamás alcanzaron ese estatus mediante la aplicación del programa liberal en su versión más ortodoxa; al contrario, se consolidaron mediante políticas de industrialización dirigida, protección estratégica, inversión masiva en ciencia y tecnología, y un Estado activamente comprometido en moldear el desarrollo nacional. El liberalismo periférico, tal como opera en las economías dependientes, no construye poder, sino que lo debilita, al consolidar la especialización en sectores de bajo valor agregado, limitar la capacidad del país para generar tecnología propia y reducir de manera sistemática la complejidad económica que es condición indispensable para influir en el escenario internacional.
Cuando un país desmantela su estructura industrial, reemplaza la producción de bienes complejos por exportaciones primarias y se expone sin amortiguadores a la competencia externa, se queda sin las herramientas que permiten acumular autonomía estratégica. La industria no es simplemente un sector económico entre otros: es el núcleo desde el cual se articulan las capacidades tecnológicas, militares, logísticas y productivas que sustentan el poder nacional. Las naciones que alcanzaron rangos de potencia, desde Estados Unidos hasta Alemania, Japón, Corea del Sur o China, lo hicieron sobre la base de una industrialización profunda, impulsada, vigilada y corregida por el Estado. Incluso las potencias históricas que hoy son iconos del capitalismo liberal construyeron su poder mediante medidas abiertamente proteccionistas, subsidios, empresas estatales, regulaciones intensivas y un decidido rol estatal en la creación de infraestructura, educación, ciencia y tecnología. El liberalismo irrestricto que suelen recomendar estas potencias a los países periféricos jamás fue aplicado por ellas en su etapa de ascenso; es un producto que solo se exporta hacia afuera, porque consolida relaciones internacionales funcionales a sus intereses.
El país periférico que adopta ese modelo se especializa inevitablemente en actividades primarias o de bajo nivel tecnológico, porque su estructura productiva no puede competir con la de naciones que llevan más de un siglo desarrollando industrias complejas, acumulando conocimiento y perfeccionando ecosistemas tecnológicos. La primarización, lejos de ser una elección libre, es el resultado estructural de la apertura sin protección ni estrategia. Al especializarse en la exportación de commodities, la economía queda atada a ciclos de precios internacionales que son volátiles, inciertos y determinados por factores sobre los cuales ningún país periférico tiene control. Mientras tanto, la industria desaparece, la tecnología se importa, el empleo se precariza y la balanza comercial se vuelve crónicamente deficitaria en bienes de alta complejidad. Para cerrar ese déficit, el país recurre al endeudamiento externo, que a su vez se transforma en un mecanismo de disciplinamiento internacional y en un límite a la acción autónoma del Estado. Con el tiempo, la estructura económica se convierte en una trampa: la apertura destruye capacidades productivas, la pérdida de industria aumenta la dependencia tecnológica, y esa dependencia fuerza a endeudarse aún más para sostener un nivel mínimo de funcionamiento económico.
La privatización de sectores estratégicos completa el círculo de pérdida de poder nacional. Cuando un Estado renuncia al control de sus recursos energéticos, logísticos, financieros o de comunicación, entrega instrumentos fundamentales para orientar el desarrollo. Las potencias contemporáneas mantienen bajo control directo o indirecto la mayor parte de sus sectores estratégicos, a través de empresas estatales, mixtas o fuertemente reguladas. Allí donde la propiedad no es pública, la planificación sí lo es: la energía, el transporte, la tecnología de defensa y las comunicaciones funcionan como brazos del interés nacional. En la periferia, sin embargo, la privatización suele significar venta sin condiciones, extranjerización sin control y pérdida de la capacidad para decidir sobre la infraestructura crítica del país. El resultado es que áreas que deberían servir como palancas del desarrollo pasan a responder a lógicas privadas o intereses extranjeros, lo que profundiza la dependencia e incapacita al país para formular estrategias propias de largo plazo.
El desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología constituye quizás el golpe más devastador para cualquier posibilidad de construir una potencia. No existe en la historia una sola nación que haya alcanzado influencia global sin invertir masivamente en conocimiento. Desde el sistema universitario estadounidense hasta el complejo científico-tecnológico japonés, pasando por la apuesta china a la innovación y la inteligencia artificial, todas las potencias entendieron que la capacidad de producir ciencia es equivalente a la capacidad de producir soberanía. La ciencia genera industria, la industria genera poder militar y económico, y ambos generan influencia diplomática. En cambio, un país que abandona la investigación y desfinancia las universidades se condena a importar conocimiento, y con él, dependencia. No puede producir bienes de alto valor agregado, no puede sostener un complejo militar moderno, no puede controlar su propia infraestructura crítica ni participar activamente en las cadenas globales de tecnología. No importa cuán abundantes sean sus recursos naturales, sin conocimiento, seguirá siendo un proveedor barato dentro de un sistema global jerarquizado.
La suma de todos estos procesos, desindustrialización, primarización, endeudamiento, privatización, desfinanciamiento del conocimiento, convierte al liberalismo periférico en un mecanismo que no fortalece al país sino que lo subordina. No se trata de una interpretación ideológica, sino de la constatación histórica de que los países que siguieron ese camino terminaron más dependientes, más vulnerables y más débiles que antes. América Latina en los años noventa, Europa del Este tras la liberalización abrupta, buena parte de África desde los programas de ajuste estructural, y algunas economías del Sudeste Asiático que renunciaron a la planificación estatal muestran que este modelo no genera complejidad ni autonomía, sino fragilidad económica y subordinación geopolítica. Por el contrario, los países que lograron ascender lo hicieron aplicando estrategias diametralmente opuestas: protección sectorial, inversión en educación y tecnología, empresas públicas fuertes, planificación a largo plazo y control estratégico de recursos.
Un país periférico que adopta el liberalismo no se convierte en potencia porque renuncia precisamente a los elementos que hacen que una potencia lo sea: industria, tecnología, autonomía, Estado estratégico, ciencia, infraestructura nacional y capacidad de producir bienes complejos. Las potencias no surgen de la fe en los mercados desregulados, sino de la acumulación consciente y sostenida de capacidades nacionales. La historia económica mundial es clara: ninguna nación de la periferia alcanzó el poder global siguiendo el camino de la desindustrialización y la apertura indiscriminada. Quienes se transformaron en potencias lo hicieron defendiendo y expandiendo su aparato productivo, no entregándolo; construyendo conocimiento, no importándolo; fortaleciendo su Estado, no reduciéndolo; y aumentando su complejidad económica, no disminuyéndola. Por eso, la aplicación del liberalismo en un país periférico no es un camino hacia la potencia, sino hacia la consolidación de su lugar subordinado dentro del orden internacional.
La división internacional del trabajo, los tratados desiguales, el libre comercio y las formas de dominación y colonización económica constituyen piezas interconectadas de un mismo proceso histórico: la consolidación de un orden global donde las potencias centrales moldean las reglas del intercambio en función de sus propios intereses, limitando la capacidad de desarrollo autónomo de los países periféricos. Este entramado no surge de manera espontánea; responde a la evolución del capitalismo mundial desde el siglo XVI, pero adquiere su forma más estable y estructurada en los siglos XIX y XX, con la expansión imperialista europea y luego norteamericana.
La división internacional del trabajo es el principio organizador de este sistema: cada país se inserta en la economía global según una función determinada, no por su voluntad sino por la estructura de poder mundial. A las potencias industriales se les reserva la producción manufacturera, tecnológica y de alto valor agregado, mientras que a los países periféricos se les asigna el rol de proveedores de materias primas, alimentos y recursos naturales. Esta especialización forzada crea una jerarquía económica: los países centrales exportan bienes elaborados e importan insumos baratos, aumentando su riqueza; los periféricos importan manufacturas caras y exportan productos de bajo valor, perpetuando su dependencia y fragilidad externa.
El libre comercio, presentado históricamente como un principio universal de progreso, funciona en este contexto como un mecanismo de consolidación de esa jerarquía. En abstracto, el libre comercio promueve la eficiencia y la integración de mercados; en la práctica, sólo es defendido por las potencias cuando les garantiza ventajas claras. En los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, Gran Bretaña exigía aperturas comerciales en todo el mundo mientras protegía su propia industria durante la Revolución Industrial. El discurso libremercadista se convertía en un instrumento ideológico para desarmar los aranceles y barreras de los países más débiles, impidiéndoles replicar el camino de industrialización que las potencias sí habían utilizado. Así, el libre comercio no es neutral: opera como una herramienta de presión diplomática y económica para impedir que las periferias desarrollen políticas autónomas que desafíen la estructura internacional del trabajo ya establecida.
En este punto surgen los llamados tratados desiguales, acuerdos bilaterales o multilaterales impuestos bajo coerción diplomática, militar o financiera. Fueron característicos durante el apogeo del imperialismo europeo, como en China tras las Guerras del Opio, o en Japón antes de la Restauración Meiji, pero continuaron bajo nuevas formas durante el siglo XX con el liderazgo de Estados Unidos y los organismos multilaterales. Estos tratados fijan condiciones comerciales, fiscales y jurídicas que benefician de manera asimétrica a la potencia dominante: reducción arancelaria unilateral, concesiones territoriales o portuarias, extraterritorialidad jurídica, apertura forzada a capitales extranjeros, control de aduanas o endeudamiento condicionado. La desigualdad no está solo en el contenido del tratado, sino en la capacidad de negociación: la potencia siempre puede imponer un castigo por la negativa como bloqueos, sanciones, invasiones o crisis financieras inducidas, mientras que el país periférico carece de herramientas equivalentes.
La dominación económica se expresa también a través de mecanismos menos visibles pero igualmente efectivos. La inversión extranjera directa, los préstamos internacionales, el control de insumos estratégicos, la propiedad de infraestructuras clave o los organismos financieros multilaterales permiten a las potencias orientar las políticas internas de los países periféricos. La condicionalidad de la deuda, por ejemplo, reformas estructurales, privatizaciones, devaluaciones o recortes fiscales, se convierte en una versión moderna del antiguo colonialismo: no se ocupan territorios, pero se gobiernan decisiones económicas fundamentales. Este tipo de dominación es más flexible y menos costosa que la colonización territorial; sin embargo, tiene efectos duraderos, porque moldea el modelo de desarrollo interno, priorizando sectores útiles para las potencias (agroexportación, minería, energía) en detrimento de estrategias diversificadas de crecimiento.
La colonización económica es, en este sentido, un proceso de reconfiguración estructural. No requiere presencia militar permanente: basta con asegurar que la estructura productiva del país periférico funcione en beneficio de la metrópoli. Así, la relación centro-periferia se reproduce incluso cuando se disuelven los imperios formales. La dependencia tecnológica impide que la industria local se modernice; la dependencia financiera restringe la soberanía económica; la dependencia cultural legitima las ideas que justifican este orden global, presentando las desigualdades como naturales o inevitables. Aunque los países periféricos sean formalmente soberanos, su margen de maniobra real queda condicionado por estas relaciones materiales de subordinación.
El resultado histórico es un sistema internacional en el que el desarrollo y el subdesarrollo no son fenómenos separados, sino dos caras del mismo proceso: el crecimiento de los centros ha requerido, una y otra vez, la subordinación de las periferias. Esta dinámica, sin embargo, nunca ha sido completamente estable. Diversos países han intentado romper la división internacional del trabajo mediante protección industrial, planificación estatal o alianzas estratégicas; algunos lo lograron parcialmente, otros fueron forzados a retroceder. La tensión entre autonomía y dependencia es, en definitiva, una de las claves para comprender la economía política global y la persistencia de desigualdades estructurales entre naciones.
Ha-Joon Chang, Retirar la escalera. La estrategia de desarrollo en perspectiva histórica.
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