El movimiento de
los chalecos amarillos (en francés, Mouvement des gilets jaunes), es un movimiento que surge de la difusión en las redes
sociales, como un llamado a todos los ciudadanos a manifestarse en contra de
determinadas medidas del gobierno. Sin una estructura definida, es un
movimiento de protesta que nace en Francia en octubre de 2018, extendiéndose a
otros países de Europa y Canadá. Su nombre hace referencia a las prendas
fosforescentes que debe utilizar todo automovilista en Francia en caso de
incidente en una carretera para tener mayor visibilidad. El movimiento se
organiza en torno a los bloqueos de rutas y calles.
Dicho movimiento nació al margen de los espacios
tradicionales de reclamo, como los sindicatos y los partidos políticos. Formado
por una espontaneidad revolucionaria,
transversal y sin una cúpula definida, sus reclamos se centraron inicialmente en
el rechazo del aumento del impuesto al combustible. Rápidamente, comenzó a
ampliarse a otras demandas como el aumento del poder adquisitivo de las clases
medias y los sectores más postergados de la sociedad, junto con la renuncia del
presidente Emmanuel Macron. Las protestas llegaron a París, donde las
movilizaciones generaron importantes daños, varios arrestos e incluso muertos.
En los últimos años se han producido una serie
de movilizaciones masivas en todo el mundo que expresan formas contemporáneas
de la política donde las tecnologías digitales tienen un papel importante en la
difusión y organización, en búsqueda de novedosas formas de resistir y promover
un proyecto de sociedad alternativo. Dicho fenómeno tiene lugar debido al
creciente descontento que los partidos políticos, las organizaciones
tradicionales, la democracia representativa y el orden económico existente han
generado en la mayor parte de la sociedad.
El movimiento de los chalecos amarillos emerge en un momento particular
en el que la desaprobación al aumento de los impuestos es muy alta, debido al
sentimiento constante de que los gobernantes imponen medidas que benefician
siempre a los poderosos y a los grupos económicos, en desmedro de la sociedad
en su conjunto. En algunas movilizaciones, el número de participantes ha
llegado a 300.000 personas a lo largo de todo el país. Macron sostiene que ninguna causa justifica que las autoridades sean atacadas,
las empresas saqueadas o el Arco del triunfo pintado. Se genera al mismo tiempo
la ocupación de los espacios públicos en una suerte de “territorialización” de
la política. Las calles aparecen en el
centro de la lucha de clases y en la puja por la redistribución del capital y
el ingreso, entendiendo que las ciudades son centros de acumulación capitalista
y de la lucha de clases. Las plazas centrales aparecen así, como símbolos de la
ciudad postindustrial, convirtiéndose en escenarios de imposición del orden
hegemónico. Un orden que tiene como la cara visible a los gobernantes, y que
defiende los intereses de sectores económicos que van en contra de las
necesidades de los ciudadanos. Debido a esto, las plazas y los lugares públicos
son el centro de las movilizaciones.
En la Argentina, con un contexto de
incertidumbre y deterioro de nuestra calidad de vida, la necesidad de reclamo
se hace cada vez más fuerte. Con una secuencia de ajustes en los servicios
públicos desde diciembre de 2015 hasta ahora de 1.317% para electricidad, 660%
para el gas y 483% para el agua, en el caso de los usuarios porteños y del
conurbano. Junto con una caída del salario real preocupante, la cual es la más
fuerte desde 2002, dejan en evidencia las intenciones del gobierno de Macri. Los
efectos de las políticas llevadas a cabo por el gobierno han generado un
aumento de la concentración de la riqueza, transfiriendo enormes cantidades de
dinero a las manos de los más poderosos.
Con amplios sectores de la sociedad que no
llegan a fin de mes, jubilados que se encuentran debajo de la línea de la
pobreza, y pequeñas y medianas empresas en quiebra, comienza a expandirse un
generalizado descontento en la ciudadanía argentina. La sensación de que los
funcionarios públicos “gobiernan para los ricos” es cada vez más aceptada por
la sociedad entera. Las cifras de pobreza, de mortalidad infantil y
empeoramiento de la distribución de la riqueza son la evidencia empírica de
dicha sensación. Muchos años de deterioro de la calidad de vida desde la última
dictadura militar hasta la actualidad, demuestran que los gobiernos
democráticos no han logrado revertir los niveles de pobreza y desocupación que
comenzaron a evidenciarse fuertemente a principios de la década de los ´80.
Hoy, la clase trabajadora y los sectores más
postergados y vulnerables de la sociedad ven cómo el encarecimiento de los
servicios públicos y de la canasta básica familiar no les permite mantener una
calidad de vida digna. Desde el gobierno se promueve la idea de que es una
“fantasía” que la clase trabajadora y media pueda viajar al exterior o “tener
aire acondicionado y auto”, como diría la vicepresidente Michetti en una de sus
alocuciones. Las cifras de depresión y ansiedad aumentan en los momentos de
crisis económica y los jóvenes vuelven a ver como una buena opción irse al
exterior para lograr conseguir un mejor futuro.
Podemos ver cómo en países como Alemania, al
notar un aumento en el precio del combustible o en algún alimento de la canasta
básica, la ciudadanía simplemente deja de consumir determinado bien, y espera a
que su precio baje, para volver a comprarlo. De esta manera la sociedad genera
una suerte de “aleccionamiento” sobre el mercado y sobre los principales
conglomerados económicos. El pueblo no permite que los grandes empresarios y
los gobernantes deterioren su poder adquisitivo. Al contrario, en Argentina,
seguimos consumiendo los productos y permitimos que aumenten su precio sin
llevar a cabo accionar de solidaridad colectiva que permitan aleccionar al
mercado y a los gobernantes.
Es necesario que la ciudadanía sea capaz de
movilizarse para defender sus derechos y su calidad de vida. Vemos como las
elites económicas cooptan las voluntades de los gobiernos y los procesos de toma
de decisión de las políticas públicas, utilizando a los Estados como
instrumentos para mejorar sus ganancias a costa de la sociedad. La excesiva
toma de deuda por parte del gobierno de Macri, junto con la devaluación y el
aumento de los servicios, generan una trasferencia de dinero desde los sectores
populares hacia los más ricos, llevando a cabo un sistema de robo a la
ciudadanía que comenzamos a sufrir fuertemente.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta las
experiencias de otros países al momento de reclamar por sus derechos, como el
caso de Francia particularmente, podemos ver cómo las movilizaciones de la
sociedad y las constantes presiones que se pueden ejercer sobre los gobiernos,
son capaces de hacer que se reviertan las medidas que afectan nuestra calidad
de vida. A lo largo de todo el mundo observamos que enormes manifestaciones
espontáneas se llevan a cabo, condicionando a los gobiernos y no permitiendo
que los conglomerados económicos continúen saqueando a los sectores medios y
bajos. La movilización y los reclamos por diferentes vías, son actualmente, el
camino que las masas encuentran para exigir que sus demandas sean escuchadas y
cumplidas. La eficiencia que las movilizaciones han tenido en Francia, que no
solo lograron revertir las medidas, sino casi llevar a la destitución de
Macron, nos hacen dar cuenta del potencial que el pueblo argentino tiene, por
su historia de movilización y reclamo, de exigir al actual gobierno y al
próximo, que será elegido este mismo año, de hacer cumplir las demandas de la
sociedad, y no la de los lobbies políticos y económicos que amenazan al bienestar
de toda la ciudadanía.
El pueblo argentino tiene como desafío el
mejoramiento de nuestra democracia, para que la misma sea el instrumento por el
cual el pueblo se abre camino hacia una mejor calidad de vida y un desarrollo
sustentable, y no como un conjunto de instituciones que son utilizadas por los
poderes económicos para mantener sus intereses y distraer a la sociedad. La
evidencia nos muestra que la movilización y el reclamo por parte de la sociedad
tiene el potencial para hacer que los gobiernos no sean capaces de llevar a
cabo políticas que perjudiquen el bienestar de las mayorías.
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