Los efectos de las crisis económicas
y los ajustes fiscales tienen consecuencias abrumadoras sobre las condiciones
de vida de los ciudadanos. El aumento de la tasa de suicidios, la mortalidad
infantil, el aumento de la pobreza y del consumo de drogas y la delincuencia
son solo alguno de ellos. Desde los organismos internacionales de crédito, como
el FMI y el Banco Mundial, se promueve a los Estados a llevar a cabo un
conjunto de medidas de ajuste fiscal para “normalizar” los números de sus
economías, los cuales han agudizado el deterioro de los derechos humanos de la
población mundial, sobre todo en los derechos económicos, sociales y
culturales.
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| Christine Lagarde y Mauricio Macri |
El Acuerdo con el FMI que ejecutó la
Argentina en el año 2018, establece un pago Stand By de 50.000 millones de
dólares por 36 meses. El primer pago por US$ 15.000 millones, la mitad serán
destinados a apoyo presupuestario. Algunos compromisos del Acuerdo son
continuar progresivamente la baja de los subsidios a la energía y el transporte.
Los recortes del gasto público suelen
afectar las condiciones de vida de las mayorías más empobrecidas. Estos han
disminuido el presupuesto y la eficiencia de la sanidad pública, la seguridad
social y la educación. También impulsaron reformas fiscales regresivas,
recortes y topes salariales y la reducción de puestos en el sector público.
Promueven la reforma de las pensiones y la racionalización de las redes de
protección social. Una de las medidas más conocidas es la privatización de los
servicios y proveedores públicos y la introducción de tarifas para los
usuarios, junto con la reducción de las subvenciones para la energía. Por esta
razón el acuerdo contempla el aumento de la asistencia social debido a
“posibles deterioros de las condiciones sociales”.
Procurar la estabilidad fiscal y
financiera es necesario para garantizar los pagos de los intereses de los
préstamos que los mismos organismos de crédito brindan. Además, se pretende
imponer en los Estados la reducción de los derechos laborales, la
desregulación económica y la eliminación
de instituciones del Estado encargadas de recibir y satisfacer ciertas demandas
de la sociedad. El acuerdo promete una disminución de gastos en compras de
bienes y servicios por parte del Gobierno Nacional en términos reales, por lo
que la prestación de asistencia social, servicios de salud, seguridad, y demás
campos de intervención del Estado presentarán menos cobertura.
Los daños que estas medidas generan
sobre los derechos humanos dependen de un conjunto variado de factores. El
objetivo de dichas reformas tendría que consistir en mejorar la eficiencia de
la protección social y las condiciones mínimas de trabajo, no en eliminar estos
sistemas de protección. Esto se debe a que las decisiones en la esfera
gubernamental suelen tomarse en base a las recomendaciones de los prestamistas
para garantizar el otorgamiento de los créditos, y no en base a análisis
rigurosos y eficientes de la realidad de cada país. En vez de diseñar e
implementar políticas de promoción del trabajo y la producción que logren
cortar con los ciclos recesivos, se promueve una política de austeridad que
enfría la economía y genera una nueva cantidad de pobres. Las modificaciones
impositivas llevadas a cabo por el Gobierno macrista no generaron siquiera un
aumento de la recaudación ni crecimiento económico que permita impulsar la
recaudación para disminuir el déficit fiscal. Por el contrario, se incentivó un
sistema tributario más regresivo.
En el actual presupuesto para el año
2019, los “servicios de la deuda pública” aumentaron estrepitosamente su
participación en el gasto respecto a 2015 como consecuencia del grave
endeudamiento externo realizado por el Gobierno argentino. Lo que el Estado
logró obtener en dinero dejando de subsidiar los servicios, a las familias y a
las pymes, actualmente lo gasta en el pago de la deuda pública contraída. Como
una de las últimas medidas llevadas a cabo por el gobierno de Macri, el Estado
se financiará con dinero de la Anses para la emisión de Letras del Tesoro por
hasta 86 mil millones de pesos, a un año de plazo, según el Boletín Oficial.
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| Christine Lagarde y Nicolas Dujovne |
El Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU en 2012, intentó establecer los límites legales internacionales que deben
respetar las reformas económicas y de consolidación fiscal. Los Estados y las
instituciones financieras deben evaluar el impacto de estas, en particular
cuando se prevea que puedan registrar consecuencias negativas sobre los
derechos humanos. Es necesario desarrollar un marco legal que limite los
alcances de ciertas medidas de ajuste, y promover el análisis de las respuestas
alternativas a las crisis que puedan ofrecer una vía más sustentable y
respetuosa de los derechos humanos. El mismo ex economista en Jefe del Banco
Mundial, Joseph Stiglitz, ha criticado enormemente el papel del FMI, postulando
que se han implementado recetas viejas e ineficaces sin tener en cuenta el
impacto sobre la vida de la gente.
Para el FMI, la deuda es sostenible
si el Estado logra obtener los recursos para el pago de sus intereses, aunque
su población sufra las consecuencias de la austeridad. La idea de
sustentabilidad de la deuda debería incorporar el bienestar económico y
ambiental de la sociedad. Las políticas de ajuste estructural han causado
hambre y conflictividad social. Aun en las ocasiones en las cuales no
provocaron consecuencias enormemente negativas, los beneficios se repartieron
de forma totalmente desigual. Los Bancos Internacionales fueron los más
beneficiados de las políticas de flexibilización y desregulación de la
economía, sobre todo en América Latina, permitiendo la expansión de los flujos
especulativos de capital.
Es necesario garantizar el goce de
los derechos económicos sociales y culturales, en el camino al mantenimiento de
la estabilidad económica. Es necesario imponer límites a las medidas que
protejan los intereses de los grandes capitales financieros. El desarrollo de
mejores democracias e instituciones más transparentes es un punto fundamental
para esta tarea. Solo de esta manera se logrará terminar no solamente con los
ciclos recesivos de la mayoría de los países, sino con la creciente desigualdad
del planeta en que vivimos en la actualidad.
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