🇳🇿 Nueva Zelanda es reconocido históricamente por ser un país desarrollado con buenos índices económicos y sociales. En todo esto tuvo mucho que ver el rol del Estado y su relevante socialdemocracia.
Comenzamos en el siglo XIX, al igual que Australia, Nueva Zelanda se especializó en la exportación de productos ganaderos, lana y luego lácteos y carne, para los cuales tenía fuertes ventajas comparativas, pero a diferencia de su vecino mantuvo en buena parte esta especialización, así, la suerte de este pequeño país se ha asoció estrechamente con el desempeño de los mercados internacionales.
Dos pilares son fundamentales para comprender el desarrollo de Nueva Zelanda entre el siglo XIX hasta por lo menos 1970.
El primero es la preferencia imperial al ser colonia del Reino Unido, un beneficio geopolítico muy importante.
El segundo es el llamado "Australian Settlement”, muy reconocido en Australia pero que Nueva Zelanda también llevó a cabo. Se trataba de un acuerdo donde dominaba la discriminación racial (los sectores indígenas quedaban excluidos), el protagonismo del Estado colonial, la protección social y el arbitraje salarial.
El activismo estatal, se afirmó en la década de 1870, cuando el gobierno adquirió un papel protagónico en la inversión en infraestructura (carreteras, linea ferroviaria, telégrafo) se conformaron las primeras empresas públicas, y se consolidó con las medidas adoptadas por el gobierno liberal elegido en 1891, que desarrolló una participación en la oferta de servicios a la vez que introducía las primeras medidas de protección social.
Es decir combinó desde sus inicios hasta la década de 1930, un capitalismo clásico competitivo en economía abierta con una intensa intervención del estado colonial, en la que se valió el nombre de “laboratorio social".
El “auge de Vogel” (ministro de finanzas), fortaleció el patrón colonial de participación del Estado en el proceso de inversión en colaboración con el sector privado: en el período 1871-1900, la inversión pública constituyó 53% total. La tasa de crecimiento fue de 8%. Las innovaciones en materia de política económica introducidas a partir de 1891 implicaron un primer fortalecimiento de la intervención pública, que incluyó medidas de apoyo al lado de la oferta de bienes y servicios, así como iniciativas sociales que fomentaron una demanda interna más estable. En el sector primario, se tomaron medidas que favorecieron el desmembramiento de las grandes propiedades rurales en granjas individuales más pequeñas y eficientes, abarataron el crédito al pequeño productor rural a través de la ley de crédito a colonos (1894) y fomentaron mejoras técnicas con la creación de un Departamento de Agricultura en 1892.
En materia industrial, el gobierno introdujo leyes que dotaron al país de una legislación social avanzada y estableció a través de la Ley de Conciliación y Arbitraje Industrial un mecanismo centralizado de resolución de disputas y fijación de salarios que permitió evitar las huelgas.
Una primera fase de expansión del sector de empresas públicas data también de este período que abarca a fines del siglo XIX y principios del siglo XX: el gobierno asumió el control del sistema de ferrocarriles (1893), la generación futura de energía hidroeléctrica (1903), creó doce nuevos departamentos de gobierno así como muchos de los otros organismos que compusieron el sector comercial público.
La sociedad neozelandesa era socialmente más avanzada, como el haber sido el primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres (1893) y entre los primeros en introducir beneficios sociales que ya prefiguraban un futuro Estado de bienestar, como las pensiones para la vejez (1898), o de viudez (1911).
La economía giraba alrededor de las granjas familiares que producían lana, carnes y lácteos para la exportación, con ciertos desarrollos en el procesamiento industrial de estas producciones primarias y un sector que elaboraba bienes de consumo para el mercado doméstico, en complemento de los productos manufacturados que constituían el grueso de las importaciones totales de bienes. Este sector crecía con apoyo de aranceles, introducidos con la finalidad de recaudar ingresos para el gobierno y apoyar actividades locales.
Con la primera guerra mundial y luego la Crisis de los años 30 se profundizan algunas posturas económicas y sociales: en primer lugar de la expansión manufacturera, debido a la escasez de bienes importados, se dinamizó el proceso de sustitución de importaciones, un hecho observado en Australia y en otras economías periféricas. En 1931, en el momento en el cual el país fue alcanzado por la crisis, la estructura del empleo evidenciaba el cambio estructural de la economía: las actividades agrícolas seguían ocupando 30% del empleo total en 1931 al igual que en 1871, solo superadas por el sector comercial y de servicios (35% del empleo en 1931 contra 25% en 1871) la manufactura había aumentado su participación de menos de 5% a cerca de 12% del empleo total en el mismo lapso.
Otra cuestión es que se inició una nueva etapa de políticas públicas más intervencionistas marcada por las dificultades en el sector exportador, por ejemplo, se reemplazó el sistema de compraventa libre de los principales productos de exportación por entidades centralizadas de comercialización de la carne y de los lácteos, precursores del sistema que prevaleció en la posguerra luego de la Segunda Guerra Mundial.
Estos cambios se profundizaron con la llegada al poder en 1935 de un gobierno laborista. Algunas de las políticas introducidas rápidamente por este gobierno contribuyeron a aliviar la difícil situación de buena parte de la población y favorecieron la recuperación económica al impulsar la demanda interna: se trata en primer lugar del restablecimiento del nivel nominal de ingresos (salarios, pensiones), y de la ampliación y transformación del anterior “Fondo de Desempleo” en un “Fondo de Promoción del Empleo” que mejoró el apoyo a los desempleados, de la instauración de la semana de 40 horas y de un objetivo explícito de ingresos salariales justos.
El gobierno laborista utilizó otros instrumentos convencionales para estimular la demanda, como un programa de trabajos públicos, también otras iniciativas como la creación de un programa público de vivienda (1936) y sobre todo la construcción de un nuevo sistema de beneficios sociales (1938). La nacionalización del Banco de Reserva, en 1936, permitió transformar esta institución en una fuente de crédito, que impulsó, entre otras actividades, el programa público de vivienda.
En materia de oferta y comercialización de bienes, el gobierno introdujo un precio garantizado para los productos agropecuarios, y creó en 1937 un Departamento de Ventas que monopolizó las exportaciones de lácteos. A la vez, se buscó fomentar el desarrollo del sector manufacturero. Estas políticas lanzaron una fase de crecimiento excepcional de la economía neozelandesa: entre 1935 y 1944, el ingreso real per cápita creció a un ritmo anual promedio de 7%. Cuando Nueva Zelanda sufrió la crisis de balanza de pagos que fue enfrentada no con una devaluación de la moneda ni con medidas de restricción de la demanda interna, sino con la introducción de controles cambiarios y de licencias y controles cuantitativos de las importaciones, iniciándose así una política que seguiría por casi cinco décadas.
La Segunda Guerra Mundial contribuyó claramente a fortalecer la industrialización sustitutiva en Nueva Zelanda, al expandir y diversificar el sector manufacturero debido a la escasez de bienes de consumo importados y a la participación del país en la producción de materiales bélicos, hacia la cual se estima se orientaba 40% del producto manufacturero.
Desde los 30, las autoridades habían perdido confianza en la capacidad de la especialización primario exportadora para asegurar la prosperidad del país, y buscaban mantener y expandir la diversificación productiva lograda durante la guerra: por ello, decidieron que Nueva Zelanda protegería su manufactura para garantizar el pleno empleo y desarrollar una economía más equilibrada, y siguieron utilizando controles y licencias a las importaciones para estimular la industrialización y un fuerte proteccionismo.
Al igual que Australia, Nueva Zelanda mantuvo hasta la década de 1970 un alto nivel de protección, que le valió el apelativo de “Fortress New Zealand”: en 1970, los aranceles promedio eran de 23% en ambos países, 42% de los bienes eran sometidos a restricciones cuantitativas en Nueva Zelanda.
Fuentes:
-Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico Vol. II de Geneviève Marchini.
-Datos económicos de la OCDE
Dos pilares son fundamentales para comprender el desarrollo de Nueva Zelanda entre el siglo XIX hasta por lo menos 1970.
El primero es la preferencia imperial al ser colonia del Reino Unido, un beneficio geopolítico muy importante.
El segundo es el llamado "Australian Settlement”, muy reconocido en Australia pero que Nueva Zelanda también llevó a cabo. Se trataba de un acuerdo donde dominaba la discriminación racial (los sectores indígenas quedaban excluidos), el protagonismo del Estado colonial, la protección social y el arbitraje salarial.
El activismo estatal, se afirmó en la década de 1870, cuando el gobierno adquirió un papel protagónico en la inversión en infraestructura (carreteras, linea ferroviaria, telégrafo) se conformaron las primeras empresas públicas, y se consolidó con las medidas adoptadas por el gobierno liberal elegido en 1891, que desarrolló una participación en la oferta de servicios a la vez que introducía las primeras medidas de protección social.
Es decir combinó desde sus inicios hasta la década de 1930, un capitalismo clásico competitivo en economía abierta con una intensa intervención del estado colonial, en la que se valió el nombre de “laboratorio social".
El “auge de Vogel” (ministro de finanzas), fortaleció el patrón colonial de participación del Estado en el proceso de inversión en colaboración con el sector privado: en el período 1871-1900, la inversión pública constituyó 53% total. La tasa de crecimiento fue de 8%. Las innovaciones en materia de política económica introducidas a partir de 1891 implicaron un primer fortalecimiento de la intervención pública, que incluyó medidas de apoyo al lado de la oferta de bienes y servicios, así como iniciativas sociales que fomentaron una demanda interna más estable. En el sector primario, se tomaron medidas que favorecieron el desmembramiento de las grandes propiedades rurales en granjas individuales más pequeñas y eficientes, abarataron el crédito al pequeño productor rural a través de la ley de crédito a colonos (1894) y fomentaron mejoras técnicas con la creación de un Departamento de Agricultura en 1892.
En materia industrial, el gobierno introdujo leyes que dotaron al país de una legislación social avanzada y estableció a través de la Ley de Conciliación y Arbitraje Industrial un mecanismo centralizado de resolución de disputas y fijación de salarios que permitió evitar las huelgas.
Una primera fase de expansión del sector de empresas públicas data también de este período que abarca a fines del siglo XIX y principios del siglo XX: el gobierno asumió el control del sistema de ferrocarriles (1893), la generación futura de energía hidroeléctrica (1903), creó doce nuevos departamentos de gobierno así como muchos de los otros organismos que compusieron el sector comercial público.
La sociedad neozelandesa era socialmente más avanzada, como el haber sido el primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres (1893) y entre los primeros en introducir beneficios sociales que ya prefiguraban un futuro Estado de bienestar, como las pensiones para la vejez (1898), o de viudez (1911).
La economía giraba alrededor de las granjas familiares que producían lana, carnes y lácteos para la exportación, con ciertos desarrollos en el procesamiento industrial de estas producciones primarias y un sector que elaboraba bienes de consumo para el mercado doméstico, en complemento de los productos manufacturados que constituían el grueso de las importaciones totales de bienes. Este sector crecía con apoyo de aranceles, introducidos con la finalidad de recaudar ingresos para el gobierno y apoyar actividades locales.
Con la primera guerra mundial y luego la Crisis de los años 30 se profundizan algunas posturas económicas y sociales: en primer lugar de la expansión manufacturera, debido a la escasez de bienes importados, se dinamizó el proceso de sustitución de importaciones, un hecho observado en Australia y en otras economías periféricas. En 1931, en el momento en el cual el país fue alcanzado por la crisis, la estructura del empleo evidenciaba el cambio estructural de la economía: las actividades agrícolas seguían ocupando 30% del empleo total en 1931 al igual que en 1871, solo superadas por el sector comercial y de servicios (35% del empleo en 1931 contra 25% en 1871) la manufactura había aumentado su participación de menos de 5% a cerca de 12% del empleo total en el mismo lapso.
Otra cuestión es que se inició una nueva etapa de políticas públicas más intervencionistas marcada por las dificultades en el sector exportador, por ejemplo, se reemplazó el sistema de compraventa libre de los principales productos de exportación por entidades centralizadas de comercialización de la carne y de los lácteos, precursores del sistema que prevaleció en la posguerra luego de la Segunda Guerra Mundial.
Estos cambios se profundizaron con la llegada al poder en 1935 de un gobierno laborista. Algunas de las políticas introducidas rápidamente por este gobierno contribuyeron a aliviar la difícil situación de buena parte de la población y favorecieron la recuperación económica al impulsar la demanda interna: se trata en primer lugar del restablecimiento del nivel nominal de ingresos (salarios, pensiones), y de la ampliación y transformación del anterior “Fondo de Desempleo” en un “Fondo de Promoción del Empleo” que mejoró el apoyo a los desempleados, de la instauración de la semana de 40 horas y de un objetivo explícito de ingresos salariales justos.
El gobierno laborista utilizó otros instrumentos convencionales para estimular la demanda, como un programa de trabajos públicos, también otras iniciativas como la creación de un programa público de vivienda (1936) y sobre todo la construcción de un nuevo sistema de beneficios sociales (1938). La nacionalización del Banco de Reserva, en 1936, permitió transformar esta institución en una fuente de crédito, que impulsó, entre otras actividades, el programa público de vivienda.
En materia de oferta y comercialización de bienes, el gobierno introdujo un precio garantizado para los productos agropecuarios, y creó en 1937 un Departamento de Ventas que monopolizó las exportaciones de lácteos. A la vez, se buscó fomentar el desarrollo del sector manufacturero. Estas políticas lanzaron una fase de crecimiento excepcional de la economía neozelandesa: entre 1935 y 1944, el ingreso real per cápita creció a un ritmo anual promedio de 7%. Cuando Nueva Zelanda sufrió la crisis de balanza de pagos que fue enfrentada no con una devaluación de la moneda ni con medidas de restricción de la demanda interna, sino con la introducción de controles cambiarios y de licencias y controles cuantitativos de las importaciones, iniciándose así una política que seguiría por casi cinco décadas.
La Segunda Guerra Mundial contribuyó claramente a fortalecer la industrialización sustitutiva en Nueva Zelanda, al expandir y diversificar el sector manufacturero debido a la escasez de bienes de consumo importados y a la participación del país en la producción de materiales bélicos, hacia la cual se estima se orientaba 40% del producto manufacturero.
Desde los 30, las autoridades habían perdido confianza en la capacidad de la especialización primario exportadora para asegurar la prosperidad del país, y buscaban mantener y expandir la diversificación productiva lograda durante la guerra: por ello, decidieron que Nueva Zelanda protegería su manufactura para garantizar el pleno empleo y desarrollar una economía más equilibrada, y siguieron utilizando controles y licencias a las importaciones para estimular la industrialización y un fuerte proteccionismo.
Al igual que Australia, Nueva Zelanda mantuvo hasta la década de 1970 un alto nivel de protección, que le valió el apelativo de “Fortress New Zealand”: en 1970, los aranceles promedio eran de 23% en ambos países, 42% de los bienes eran sometidos a restricciones cuantitativas en Nueva Zelanda.
La industria logró constituir un pilar importante, que contribuyó con 31,6% del PIB en la década de 1970. Además, el gobierno neozelandés adquirió un gran protagonismo, sea a través de las empresas públicas, que aportaban 11% del PIB en 1980 en el marco de una “economía mixta”, sea mediante las numerosas regulaciones que regían la vida económica.
El desempeño económico siguió siendo bueno hasta 1974, pues el PBI real creció a un ritmo anualizado de 4.2% en 1960-1974, con un desempleo prácticamente nulo, una inflación inferior a 5% anual y un déficit promedio de la cuenta corriente de 1.5%.
A pesar de todo Nueva Zelanda carecía de una estrategia de desarrollo consistente y la política de gobierno era guiada por los imperativos de corto plazo de pleno empleo y alto consumo. Por eso se comenzó a discutir una mayor inserción en el mercado mundial. En 1966 firma el primer tratado de libre comercio con Australia. Luego comenzó a diversificar aún más sus exportaciones y sus destinos, además de Australia, exportó a Estados Unidos y Japón, que recibían respectivamente 8%, 15.3% y 9.7% de las exportaciones neozelandesas en 1970, pero Gran Bretaña seguía siendo el primer socio comercial con 35% de las exportaciones totales en 1970.
Ya en la decadas de 1970 y 1980 Nueva Zelanda sufre la crisis que llevaría a las reformas liberales dispuestas a introducir al país en el nuevo mundo globalizado que se avecinaba.
Las reformas fueron de gran alcance, liberalizaron ampliamente la economía y el comercio exterior, se redujo considerablemente la presencia del Estado y se buscó de manera costosa el ajuste y la estabilidad macroeconómica.
Aunque estas reformas sirvieron para adaptar a Nueva Zelanda al nuevo mundo, los aspectos sociales se deterioraron, comprendendieron un aumento del desempleo y un empeoramiento de la distribución de ingreso, cuyos impactos han sido desigualmente repartidos a lo largo del país, pues afectaron más las áreas rurales y las ciudades pequeñas que las grandes ciudades. La contracción de los sectores de bienes comerciables, aunada a la reestructuración y a la posterior privatización de las empresas públicas con el consecuente abandono de los objetivos sociales que éstas perseguían antes de las reformas y al estallido de la burbuja especulativa en 1987 elevaron la tasa de desempleo de menos de 4% en 1984-1987 a más de 10% en 1991-1992.
Además, la brecha entre pobres y ricos se amplió, pues mientras la capacidad de compra de los deciles bajos y medios se contraía en 5-7%, los deciles más ricos, en especial el de más altos ingresos, su capacidad de compra se expandió de 32% entre 1984 y 1998.
Por eso desde 1999, con la llegada al poder de un nuevo gobierno laborista, se da una reorientación parcial de las políticas públicas, un alejamiento parcial de liberalización en materia económica y el “retorno” del Estado a cierto papel en la conducción del desarrollo económico.
En el año 2000 se dio un alza de las tasas de imposición sobre los ingresos más altos de 33 a 39% y se frenó el proceso de privatización de empresas públicas. El gobierno creó en 2000 un fondo soberano destinado a fondear el déficit del sistema público de pensiones, New Zealand Superannuation Fund (NZSF). En 2000 también, la política laboral regresó a un esquema más colectivo de negociaciones salariales al reemplazarse la ley laboral de 1991 por una Ley de Relaciones de Empleo.
Los cambios tal vez más significativos se han dado en la adopción de parte del Estado de un papel más activo en la economía. Dos aspectos de este nuevo papel: en primer lugar, la mayor disposición a intervenir en los sectores poco competitivos como la electricidad o las telecomunicaciones a través de la regulación de los precios, y en segundo lugar la mayor voluntad de involucrarse en la planeación industrial y regional en contraste con el enfoque de los gobiernos anteriores desde 1984.
Este nuevo papel del Estado se ha traducido en la elaboración de una estrategia orientada al crecimiento y a la innovación que se ha enfocado en la promoción de sectores productivos específicos en los cuales el país muestra ventajas competitivas: alimentación y bebidas, biotecnologías, procesamiento de la madera, manufacturas especializadas, tecnologías de la información y comunicación e industrias creativas
Las reformas no han modificado elementos centrales del modelo como el compromiso con la baja inflación, el equilibrio de medio plazo, la transparencia fiscal y el uso del mercado para la asignación de recursos, pero han introducido un papel renovado del Estado en materia de lucha contra el poder de mercado excesivo y sobre todo en la orientación estratégica del desarrollo económico.
Para finalizar, algunos datos actuales:
Presión fiscal del 32% del PBI (2017)
Un gasto público del 36% del PBI (2017)
Un gasto en educación del 7% del PBI (2017)
Un gasto en salud del 7% del PBI (2017)
El sistema educativo de Nueva Zelanda es público y gratuito, todas sus universidades son públicas. El sistema de salud es mixto, combina un sistema público con uno privado. Los dos de buena calidad.
Además, Nueva Zelanda cuenta con una seguridad social muy importante, un sistema jubilatorio mixto y universal, y una linea de viviendas estatales muy reconocidas.
El desempeño económico siguió siendo bueno hasta 1974, pues el PBI real creció a un ritmo anualizado de 4.2% en 1960-1974, con un desempleo prácticamente nulo, una inflación inferior a 5% anual y un déficit promedio de la cuenta corriente de 1.5%.
A pesar de todo Nueva Zelanda carecía de una estrategia de desarrollo consistente y la política de gobierno era guiada por los imperativos de corto plazo de pleno empleo y alto consumo. Por eso se comenzó a discutir una mayor inserción en el mercado mundial. En 1966 firma el primer tratado de libre comercio con Australia. Luego comenzó a diversificar aún más sus exportaciones y sus destinos, además de Australia, exportó a Estados Unidos y Japón, que recibían respectivamente 8%, 15.3% y 9.7% de las exportaciones neozelandesas en 1970, pero Gran Bretaña seguía siendo el primer socio comercial con 35% de las exportaciones totales en 1970.
Ya en la decadas de 1970 y 1980 Nueva Zelanda sufre la crisis que llevaría a las reformas liberales dispuestas a introducir al país en el nuevo mundo globalizado que se avecinaba.
Las reformas fueron de gran alcance, liberalizaron ampliamente la economía y el comercio exterior, se redujo considerablemente la presencia del Estado y se buscó de manera costosa el ajuste y la estabilidad macroeconómica.
Aunque estas reformas sirvieron para adaptar a Nueva Zelanda al nuevo mundo, los aspectos sociales se deterioraron, comprendendieron un aumento del desempleo y un empeoramiento de la distribución de ingreso, cuyos impactos han sido desigualmente repartidos a lo largo del país, pues afectaron más las áreas rurales y las ciudades pequeñas que las grandes ciudades. La contracción de los sectores de bienes comerciables, aunada a la reestructuración y a la posterior privatización de las empresas públicas con el consecuente abandono de los objetivos sociales que éstas perseguían antes de las reformas y al estallido de la burbuja especulativa en 1987 elevaron la tasa de desempleo de menos de 4% en 1984-1987 a más de 10% en 1991-1992.
Además, la brecha entre pobres y ricos se amplió, pues mientras la capacidad de compra de los deciles bajos y medios se contraía en 5-7%, los deciles más ricos, en especial el de más altos ingresos, su capacidad de compra se expandió de 32% entre 1984 y 1998.
Por eso desde 1999, con la llegada al poder de un nuevo gobierno laborista, se da una reorientación parcial de las políticas públicas, un alejamiento parcial de liberalización en materia económica y el “retorno” del Estado a cierto papel en la conducción del desarrollo económico.
En el año 2000 se dio un alza de las tasas de imposición sobre los ingresos más altos de 33 a 39% y se frenó el proceso de privatización de empresas públicas. El gobierno creó en 2000 un fondo soberano destinado a fondear el déficit del sistema público de pensiones, New Zealand Superannuation Fund (NZSF). En 2000 también, la política laboral regresó a un esquema más colectivo de negociaciones salariales al reemplazarse la ley laboral de 1991 por una Ley de Relaciones de Empleo.
Los cambios tal vez más significativos se han dado en la adopción de parte del Estado de un papel más activo en la economía. Dos aspectos de este nuevo papel: en primer lugar, la mayor disposición a intervenir en los sectores poco competitivos como la electricidad o las telecomunicaciones a través de la regulación de los precios, y en segundo lugar la mayor voluntad de involucrarse en la planeación industrial y regional en contraste con el enfoque de los gobiernos anteriores desde 1984.
Este nuevo papel del Estado se ha traducido en la elaboración de una estrategia orientada al crecimiento y a la innovación que se ha enfocado en la promoción de sectores productivos específicos en los cuales el país muestra ventajas competitivas: alimentación y bebidas, biotecnologías, procesamiento de la madera, manufacturas especializadas, tecnologías de la información y comunicación e industrias creativas
Las reformas no han modificado elementos centrales del modelo como el compromiso con la baja inflación, el equilibrio de medio plazo, la transparencia fiscal y el uso del mercado para la asignación de recursos, pero han introducido un papel renovado del Estado en materia de lucha contra el poder de mercado excesivo y sobre todo en la orientación estratégica del desarrollo económico.
Para finalizar, algunos datos actuales:
Presión fiscal del 32% del PBI (2017)
Un gasto público del 36% del PBI (2017)
Un gasto en educación del 7% del PBI (2017)
Un gasto en salud del 7% del PBI (2017)
El sistema educativo de Nueva Zelanda es público y gratuito, todas sus universidades son públicas. El sistema de salud es mixto, combina un sistema público con uno privado. Los dos de buena calidad.
Además, Nueva Zelanda cuenta con una seguridad social muy importante, un sistema jubilatorio mixto y universal, y una linea de viviendas estatales muy reconocidas.
Fuentes:
-Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico Vol. II de Geneviève Marchini.
-Datos económicos de la OCDE
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