Rol del Estado y pactos sociales en el desarrollo industrial de Irlanda


Irlanda estuvo en crisis, salió y hoy en dia el "Tigre Celta" es uno de los países mas ricos de Europa. Uno de los pilares fueron los pactos sociales. ¿Como lo hizo?

Tres pilares son fundamentales del modelo Irlandés: la apertura a la inversiones extranjeras sobre todo relacionadas con la tecnología, la gran inversión en educación y capacitación y el Rol del Estado, sobre todo en la institucionalización de pactos sociales.

Hacia 1987 la economía irlandesa estaba en crisis. La tasa de desempleo era alta, la inflación también, el crecimiento bajo, baja inversión y los mecanismos de financiamiento del Estado estaban agotados (deuda excesiva, déficit presupuestario y alto nivel impositivo)

Irlanda impulsó la implementación del Programa para la Recuperación Nacional (PRN).
El gobierno convocó previamente, en 1986, al diálogo social a través del Consejo Económico Social Nacional (CESN), un cuerpo consultivo tripartito en el cual se analizó y discutió la situación económico-social del país.
Por un lado, el reporte destacó la importancia de un marco macroeconómico estable, que debía alcanzarse al reducir el gasto público y la deuda pública, y a través de una política estable de tipo de cambio. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de aumentar la competitividad de los sectores comerciables.

El PRN fue un documento consensuado, producido y firmado por todos los principales socios, incluyendo los sindicatos. Es decir, los principales actores socioeconómicos compartían el mismo análisis sobre la economía irlandesa.
Este programa contemplaba un acuerdo por tres años entre el Gobierno, las empresas y los gremios, en el cual las partes se comprometían a restringir los aumentos salariales. Éstos se limitaron al 3% para las primeras 120 libras semanales y 2% para la parte excedente a las 120 libras para cada uno de los tres años cubiertos por el acuerdo. Los Sindicatos se comprometieron a no pedir excesivos aumentos. A cambio, el gobierno se comprometió a realizar una reforma en el sistema impositivo, que redujo los impuestos personales para compensar los bajos aumentos salariales y restaurar las finanzas públicas.

Lo más destacado de este Programa fue
que abarcó a todos los sectores tradicionales que interactúan en la economía: empresas, trabajadores y gobierno. Esto permitió al gobierno dar un fuerte giro a su economía, sin generar tensiones sociales ni preocupaciones en el sector industrial. Los resultados fueron muy positivos; durante el período 1987-1990: se limitaron las expectativas inflacionarias gracias a los acuerdos salariales; se recuperaron las tasas de crecimiento: más del 4%; se redujo el tamaño de la deuda nacional: de 125% al 98% del PBI; y disminuyó el número de desempleados: de 232.000 a 172.000.

Luego del éxito que tuvo el PRN, se ampliaron las negociaciones para extender nuevos programas colectivos de tres años. De esta manera el “pacto social” se institucionalizó y se convirtió en la columna vertebral de la política económica irlandesa. Se inició así, un proceso político caracterizado por la determinación salarial centralizada, basada en la noción de “ganancias de competitividad”.

A medida que pasó el tiempo se fueron incorporando voluntariamente otros sectores de la sociedad civil, se extendió el proceso de incorporación voluntaria desde el nivel nacional al nivel municipal y a las empresas individuales. Es por ello que la cooperación social fue bien adaptada en el área de políticas públicas, en la cual todas las nuevas decisiones importantes se discutían con las partes del programa antes de ser implementadas.

Con el Programa para el Progreso Económico y Social (PPES) el gobierno reintrodujo la noción de “negociación a dos niveles”. El pacto social fue extendido a nivel local incluyendo a empresas locales.

El Programa para la Competitividad y
el Trabajo (PCT) de 1994, se enfocó en la creación de empleo, dado que la crisis de comienzos de los noventa impactó en la tasa de desempleo. La clave para el crecimiento sostenido y la creación de empleo continuó siendo la noción de competitividad, lo que implicó una política continuada de moderación salarial, mayor reducción en las tasas impositivas, control sobre el gasto público y medidas para aumentar la eficiencia de los sectores no comerciables de la economía.


El Acuerdo 2000 para la Inclusión, el Empleo y la Competitividad (A2000) de 1996 se centró en dos temas particulares: la necesidad de extender el pacto social al nivel empresa, y la necesidad de reducir las disparidades sociales y la exclusión.

Irlanda con respecto al tema de la exclusión social, se logró una innovación en la estructura institucional del pacto social a nivel nacional, mediante la inclusión de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de negociación. Esta columna social estaba integrada por organizaciones de desempleados, jóvenes, mujeres y organizaciones religiosas.

Los resultados macroeconómicos para el período 1993-1999 fueron los siguientes: crecimiento del PBI del 9% anual; tasa de inflación anual del 1,9%; la deuda/PBI cayó del 93% al 53%; se revirtió la tendencia de emigración de la población; y la tasa de desempleo cayó al 4,5%.

A comienzos del siglo XXI se le dio continuidad a los pactos, a través de la firma del Programa para la Prosperidad y la Justicia (PPJ) del año 2000. En el PPJ, el pacto social cambió el énfasis en la política macroeconómica por políticas orientadas del lado de la oferta. El desempleo ya no era el problema más acuciante, sino la falta de trabajadores y mano de obra calificada.
El acuerdo contenía una serie de recomendaciones sobre desarrollo de capacidades, inversiones en infraestructura, provisión de casas baratas, y el desarrollo de facilidades para el cuidado de los hijos. Además las partes acordaron el desarrollo de una serie de indicadores para monitorear su progreso.

A éste le siguió la firma del Pacto para el Progreso Sostenido (PPS) del año 2003.
En el 2006 se anunció un nuevo Pacto, el sexto acuerdo corporativista de este tipo, donde además de establecer aumentos de salarios a nivel nacional y centralizado, se incluyen acuerdos sobre políticas de educación, salud, empleo y del bienestar social.

Varios de los logros fueron: los aumentos salariales modestos que permitieron mantener la competitividad del sector comercial; las grandes reducciones en las tasas impositivas a los ingresos de los empleados, que compensaron lo anterior; un mejor clima de trabajo entre empresas y trabajadores, con menos disputas y huelgas y menor cantidad de días de trabajo perdidos; flexibilidad y apoyo del gobierno para lograr mayor control de las finanzas públicas, iniciar el programa de reforma del sector público, y establecer un cuadro macroeconómico consistente para participar en la Unión Europea; niveles récord de empleo; aumento del nivel de vida para los trabajadores; y positivo rol de las agrupaciones comerciales e industriales, sindicatos y agrupaciones sociales.

Con respecto al rol del Estado en la economía irlandesa, si bien disminuyo en su intervención, tuvo un rol muy importante con la implementación de regímenes de promoción industrial y de las exportaciones vía diversas organizaciones públicas. La política de desarrollo industrial fue aceptada como la inclusión de elementos tradicionales de las distintas áreas como la impositiva, de transporte, de telecomunicaciones, de energía, de competencia, de administración pública, y de educación; así como las actividades promocionales de las distintas agencias de desarrollo.

Algunas características de la política industrial irlandesa han sido: liberación de ganancias sobre las exportaciones industriales, que permitió que el sector manufacturero opere con una tasa cero de impuesto corporativo para su actividad exportadora; establecimiento de cuerpos como la Autoridad de Desarrollo Industrial (ADI), que permitió mayor flexibilidad operativa; establecimiento del Centro de Servicios Financieros, con la ayuda de incentivos impositivos y arreglos regulatorios favorables; unificación de la tasa de impuestos corporativos en 12,5% para el ingreso comercial en todos los sectores de la economía; y continua y significativa inversión en el sistema educativo e infraestructura para fomentar una base de recursos humanos en el futuro.


Fuente: "Los pactos sociales como garantía para el desarrollo sostenido" de Gabriel Molteni.

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