🇻🇪 Venezuela sufre desde hace años una gran crisis económica, social y política. Gran parte de esto es producto de una violenta "guerra económica" llevada a cabo por los EE.UU en su intento de terminar con el proceso político chavista y que ha traído graves consecuencias económicas y sociales para el país.
Además, dictó la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.
En noviembre de 2018, Donald Trump prohibió a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde Venezuela.
En enero de 2019 se dio uno de los peores ataques, en un acto de vulgar piratería, Trump aprobó nuevas sanciones contra Pdvsa que incluyeron el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, con una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones.
Las pérdidas económicas solamente de las sanciones unilaterales e ilegales, se estiman en US$ 24.258 millones que incluyen pérdidas por apropiación ilegal de la empresa petrolera y venezolana Citgo, US$ 11.000 millones; apropiación ilegal de los activos de Citgo, US$ 7.000 millones; fondos retenidos, congelados o confiscados por bancos internacionales, US$ 5.470 millones, entre ellos el oro perteneciente a Venezuela que se encuentra en el Banco de Inglaterra.
Los ataques económicos comenzaron en el año 2013 con diferentes instrumentos no convencionales, como por ejemplo el desabastecimiento programado y selectivo de bienes, sanciones financieras y comerciales, y también inflación inducida. Expondremos los mas destacados ataques.
El ataque financiero comenzó en 2013 con la manipulación del índice de riesgo financiero. Las calificadoras ubican a Venezuela como el país más riesgoso a nivel mundial, con índices superiores a los 6000 puntos lo que generó obstáculos para solicitar créditos.
Estas acciones comenzaron siendo encubiertas, hasta el año 2014 cuando EE. UU. aprobó la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”. Luego Barack Obama en 2015 aprobó la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Así se oficializó el bloqueo financiero y comercial contra Venezuela.
Entre las diversas medidas coercitivas unilaterales podemos resaltar la del año 2017 mediante la cual Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto a la situación en Venezuela” que prohíbe al Gobierno venezolano adquirir nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días, y a Petróleos de Venezuela, PDVSA, (principal industria del país, que genera más del 95 % de las divisas por exportación) adquirir nueva deuda mayor a 90 días.
El ataque financiero comenzó en 2013 con la manipulación del índice de riesgo financiero. Las calificadoras ubican a Venezuela como el país más riesgoso a nivel mundial, con índices superiores a los 6000 puntos lo que generó obstáculos para solicitar créditos.
Estas acciones comenzaron siendo encubiertas, hasta el año 2014 cuando EE. UU. aprobó la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”. Luego Barack Obama en 2015 aprobó la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Así se oficializó el bloqueo financiero y comercial contra Venezuela.
Entre las diversas medidas coercitivas unilaterales podemos resaltar la del año 2017 mediante la cual Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto a la situación en Venezuela” que prohíbe al Gobierno venezolano adquirir nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días, y a Petróleos de Venezuela, PDVSA, (principal industria del país, que genera más del 95 % de las divisas por exportación) adquirir nueva deuda mayor a 90 días.
Tambien podemos destacar a la empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela que congeló operaciones de liquidación de títulos.
Para ese tiempo, por ejemplo, un cargamento de 300 mil dosis de insulina, pagadas por el Estado venezolano, no llegó al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este insumo. También el desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del Comité Locales de Abastecimiento y Precios (CLAP) fue impedido por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense.
En marzo de 2018, Trump renovó por un año la orden ejecutiva 13692 y la 13808 e impuso seis nuevas medidas coercitivas que atacaron la estabilidad financiera de Venezuela al prohibir la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano.
Para ese tiempo, por ejemplo, un cargamento de 300 mil dosis de insulina, pagadas por el Estado venezolano, no llegó al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este insumo. También el desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del Comité Locales de Abastecimiento y Precios (CLAP) fue impedido por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense.
En marzo de 2018, Trump renovó por un año la orden ejecutiva 13692 y la 13808 e impuso seis nuevas medidas coercitivas que atacaron la estabilidad financiera de Venezuela al prohibir la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano.
Además, dictó la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.
En noviembre de 2018, Donald Trump prohibió a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde Venezuela.
En enero de 2019 se dio uno de los peores ataques, en un acto de vulgar piratería, Trump aprobó nuevas sanciones contra Pdvsa que incluyeron el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, con una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones.
Las pérdidas económicas solamente de las sanciones unilaterales e ilegales, se estiman en US$ 24.258 millones que incluyen pérdidas por apropiación ilegal de la empresa petrolera y venezolana Citgo, US$ 11.000 millones; apropiación ilegal de los activos de Citgo, US$ 7.000 millones; fondos retenidos, congelados o confiscados por bancos internacionales, US$ 5.470 millones, entre ellos el oro perteneciente a Venezuela que se encuentra en el Banco de Inglaterra.
En lo que respecta al desabastecimiento, de 2012 a 2013 comenzaron a escasear algunos alimentos. En este caso solo escaseaban los bienes cuya responsabilidad de producción, importación y distribución recaía sobre grandes empresas transnacionales, por ejemplo la harina de maíz, el aceite, arroz, pastas, papel higiénico, jabón, entre otros. Bienes como por ejemplo las frutas y verduras cuya producción es responsabilidad de pequeños productores sin mayor capacidad financiera no han escaseado nunca. Hoy en dia, y desde hace tiempo, la escasez ya no es un problema, pero si el alto costo de los productos.
Han argumentado estos grandes productores que la causa es que el Estado venezolano no les ha otorgado las divisas necesarias para producir. No obstante, el sector privado ha recibido alrededor de US$ 340.000 millones desde el 2003. Solo el año 2013 recibió US$ 30.859 millones.
Con respecto a la inflación inducida, que se desencadenó mediante el ataque a la moneda y la manipulación política del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar. Desde el año 2013, momento en que intensifican el ataque al bolívar, hasta la fecha, la manipulación política del tipo de cambio asciende a 10.211.737.529 %.
Las variaciones del tipo de cambio se corresponden con momentos políticos, sea electorales o de alta conflictividad. Por ejemplo, económicamente no hay explicación a la variación en 310 % durante el mes de enero de 2019. En tan solo un mes, el tipo de cambio en los portales web pasó de 730 BsS/US$ a 3000 BsS/US$.
Han argumentado estos grandes productores que la causa es que el Estado venezolano no les ha otorgado las divisas necesarias para producir. No obstante, el sector privado ha recibido alrededor de US$ 340.000 millones desde el 2003. Solo el año 2013 recibió US$ 30.859 millones.
Con respecto a la inflación inducida, que se desencadenó mediante el ataque a la moneda y la manipulación política del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar. Desde el año 2013, momento en que intensifican el ataque al bolívar, hasta la fecha, la manipulación política del tipo de cambio asciende a 10.211.737.529 %.
Las variaciones del tipo de cambio se corresponden con momentos políticos, sea electorales o de alta conflictividad. Por ejemplo, económicamente no hay explicación a la variación en 310 % durante el mes de enero de 2019. En tan solo un mes, el tipo de cambio en los portales web pasó de 730 BsS/US$ a 3000 BsS/US$.
El incremento acelerado y desproporcionado de los precios no solo tiene efectos sobre el deterioro del salario real, sino que además incide sobre la contracción de la actividad económica. Estimaciones indican que como consecuencia del ataque a la moneda, la afectación económica durante estos años de guerra contra la economía venezolana asciende a US$ 41.691 millones.
Esta "guerra económica" impactó de manera muy fuerte contra el pueblo venezolano y su economía.
Las perdidas económicas ascienden a US$117.110 millones consecuencia de los ataques de EE.UU desde el año 2013. Incluye esta cifra las afectaciones por las medidas coercitivas unilaterales e ilegales por un monto estimado de US$ 24.258 millones, la caída de la producción nacional consecuencia del ataque a la moneda US$ 41.691 y de la disminución de las exportaciones petroleras, US$ 51.161 millones. Para el tamaño de la economía venezolana, esta cifra representa un poco menos de la producción nacional de todo un año, la cual asciende a alrededor de US$ 131.626 millones.
Estos US$ 117.110 millones equivalen a la importación de medicamentos y alimentos para abastecer a los 30 millones de venezolanos durante 26 años.
Las pérdidas económicas coinciden con la inversión en salud para 10 años tomando en cuenta que ésta representa alrededor del 10 % del PBI de todo un año. Corresponden también a la deuda externa total de Venezuela, la cual debe ser pagada en un plazo de 20 años.
El bloqueo financiero y económico de un país, promover un embargo comercial, bloquear y apropiarse de sus activos, retener divisas y atacar su moneda son acciones que violan toda normativa internacional, y además constituyen crímenes de lesa humanidad, considerados así en el capítulo 7 del Estatuto de Roma, esto ocurre cuando es un acto consciente, sistemático y generalizado contra la población civil.
Las perdidas económicas ascienden a US$117.110 millones consecuencia de los ataques de EE.UU desde el año 2013. Incluye esta cifra las afectaciones por las medidas coercitivas unilaterales e ilegales por un monto estimado de US$ 24.258 millones, la caída de la producción nacional consecuencia del ataque a la moneda US$ 41.691 y de la disminución de las exportaciones petroleras, US$ 51.161 millones. Para el tamaño de la economía venezolana, esta cifra representa un poco menos de la producción nacional de todo un año, la cual asciende a alrededor de US$ 131.626 millones.
Estos US$ 117.110 millones equivalen a la importación de medicamentos y alimentos para abastecer a los 30 millones de venezolanos durante 26 años.
Las pérdidas económicas coinciden con la inversión en salud para 10 años tomando en cuenta que ésta representa alrededor del 10 % del PBI de todo un año. Corresponden también a la deuda externa total de Venezuela, la cual debe ser pagada en un plazo de 20 años.
El bloqueo financiero y económico de un país, promover un embargo comercial, bloquear y apropiarse de sus activos, retener divisas y atacar su moneda son acciones que violan toda normativa internacional, y además constituyen crímenes de lesa humanidad, considerados así en el capítulo 7 del Estatuto de Roma, esto ocurre cuando es un acto consciente, sistemático y generalizado contra la población civil.
Fuentes:
"Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela" de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
"Crimenes de lesa humanidad: El bloqueo económico-financiero contra Venezuela" de Erick L. Gutiérrez García.
"Radiografía de un país bajo asedio" de Misión Verdad.
"Venezuela: vórtice de la guerra del siglo XXI" de los compiladores Giordana García Sojo y Taroa Zuñiga Silva.
"Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela" de Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.
"Crimenes de lesa humanidad: El bloqueo económico-financiero contra Venezuela" de Erick L. Gutiérrez García.
"Radiografía de un país bajo asedio" de Misión Verdad.
"Venezuela: vórtice de la guerra del siglo XXI" de los compiladores Giordana García Sojo y Taroa Zuñiga Silva.
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