La historia de Colombia en las últimas décadas ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de canales para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder defender sus demandas, debido a la violencia y la exclusión que se imparte desde el Estado, cooptado por la élite nacional y las empresas transnacionales.
En el S.XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. A inicios del siglo XX los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país (inflación e impacto de las crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial) promovió la radicalización de los movimientos políticos. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. En 1956 el partido conservador y el partido liberal firmaron el Pacto de Benidorm, en España. Un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. El pacto fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y Alianza Nacional Popular (ANAPO). Entre 1974 y 1990 la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de presentar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural.
En 1978 la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970 se realizaron cambios drásticos en política económica: se redujo la intervención estatal dando lugar a los procesos de liberalización económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena.
Este jueves se dió a conocer la decisión de los sindicatos, movimientos sociales, estudiantiles, campesinos y opositores al gobierno de realizar un paro nacional para protestar por lo que consideran incumplimientos en el proceso de paz y reformas económicas como la laboral y de pensional. Todo en el marco de la ola de protestas masivas a nivel regional y mundial.
Las protestas de este jueves surgen del descontento con el Gobierno de Iván Duque. El líder indígena Luis Fernando Arias caminaba con decenas de comuneros llegados a Bogotá. Transitaban por la carrera Séptima, por donde marchan hasta la Plaza de Bolívar, punto de llegada de la protesta. "Esperamos que la violencia en nuestros territorios cese", dijo. "Que se implemente la paz y que no nos sigan matando". En Bogotá, Bucaramanga y Medellín, donde se evidenciaban multitudinarias manifestaciones, se observaba una fuerte e inusual reducción del flujo vehicular y peatonal. Buena parte de empresas, universidades y colegios cancelaron previamente sus actividades.
"Hay mucho miedo de salir a las calles, pero sin embargo salimos porque mucho de ese miedo se difundió por parte del Gobierno con la represión simbólica, la militarización, el cierre de fronteras", afirmó Valentina Gaitán, referente estudiantil.
El Gobierno no buscar llevar a cabo la aplicación de las reformas derivadas de los acuerdos de paz. Tampoco parece haber voluntad política para aplicarlos ni estrategia para financiarlos. En los últimos meses han sido asesinadas centenares de personas incluidos dirigentes sociales, periodistas, miembros de comunidades indígenas e integrantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se habían reintegrado a la vida civil. La situación es extremadamente compleja, y comienza a revelar una faceta de crisis terminal.
La realidad es que las exigencias de seguridad y de la aplicación de una política que resuelva la deuda social con millones de colombianos comenzaron a resonar en las calles. Además de los ataques a la ciudadanía, miles de desplazados por el conflicto no han podido volver a su casa ni recuperar sus tierras y los grupos paramilitares se adueñan de los espacios dejados por la guerrilla, explica la moderadora de la mesa de negociación, Aline Helg, profesora de la Universidad de Ginebra.
Había tres grandes guerrillas en Colombia. Las conocidas FARC, de vocación campesina y surgidas para frenar los despojos de los terratenientes, las cuales quedaron desarticuladas en el marco de los acuerdos de paz de 2016. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su lado, con influencia en la Teología de la Liberación, ha visto mermados sus efectivos y las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente Iván Duque se encuentran en un impasse.
El M 19 fue el único movimiento armado que obtuvo una tercera parte de los votos. Logró un gran éxito al posicionar a muchos de sus miembros en puestos claves de la política del país. Sin embargo, muchos de los excombatientes del M 19 fueron asesinados al dejar las armas, como ha sucedido con excombatientes de las FARC. Existe una guerra silenciosa, donde los intereses de las grandes empresas en Colombia utilizan sus recursos para mantener cooptado al poder político y amenazar, asesinar y mantener su influencia sobre los campos estratégicos del país. Esta realidad contribuye a hacer más compleja la situación sin que se hayan resuelto las causas del conflicto, incluida la devolución del agro a sus legítimos propietarios, se suma a la desinformación que se imparte desde los principales medios de comunicación.
En los últimos años, los grupos paramilitares se han constituído como un grupo de influencia y peligrosidad. Son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la década de los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, en los últimos años han experimentado una intensa reforma y modernización. Sin embargo, según el informe de Human Rights Watch de 2015, hasta julio de 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha investigado más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por 785 miembros del Ejército (soldados de bajo rango y suboficiales) entre 2002 y 2008.
Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado.
El informe ¡Basta Ya!del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública. Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto.
Entre los reclamos reflejados en las nuevas manifestaciones, están la necesidad de mayores fondos para la educación pública. Sin embargo, el desencadenante surge, al igual que en Chile y en Ecuador, como respuesta al anuncio de medidas de ajuste por parte del gobierno de Iván Duque. Dicho programa de ajuste incluye reformas laboral y previsional sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es un acumulado de situaciones que esperamos nosotros que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar todo esto luego de la jornada", explicó a AFP Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
Cómo vemos, el ajuste que llevan a cabo los gobiernos en conjunto con el FMI, renacen el espíritu organizativo y combativo de los pueblos latinoamericanos, que ahora no se levantan en Colombia solamente contra el "paquetazo" de ajuste, sino contra la incapacidad y connivencia de los distintos grupos políticos y militares que han llevado a Colombia a una situación crítica. El gobierno de Duque ha desplegado a las fuerzas del orden público y reprimido las protestas que en su mayoría se venían desarrollando con tranquilidad, lo que provocó la "preocupación" de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos", indicó en un comunicado.
Al grito de "el pueblo unido jamás será vencido", una multitud increpó a policías que acudieron al lugar y lanzaron gases para dispersar a quienes bloqueaban los accesos. Es hora de dejar de lado las diferencias políticas y que la sociedad civil latinoamericana comience a hacer valer sus derechos subyugados por factores de poder económico y político muy poderosos.
Fuentes:
- https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores
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| Guerrilleros colombianos |
En el S.XIX el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. A inicios del siglo XX los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país (inflación e impacto de las crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial) promovió la radicalización de los movimientos políticos. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. En 1956 el partido conservador y el partido liberal firmaron el Pacto de Benidorm, en España. Un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. El pacto fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y Alianza Nacional Popular (ANAPO). Entre 1974 y 1990 la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de presentar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural.
En 1978 la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970 se realizaron cambios drásticos en política económica: se redujo la intervención estatal dando lugar a los procesos de liberalización económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena.
Este jueves se dió a conocer la decisión de los sindicatos, movimientos sociales, estudiantiles, campesinos y opositores al gobierno de realizar un paro nacional para protestar por lo que consideran incumplimientos en el proceso de paz y reformas económicas como la laboral y de pensional. Todo en el marco de la ola de protestas masivas a nivel regional y mundial.
Las protestas de este jueves surgen del descontento con el Gobierno de Iván Duque. El líder indígena Luis Fernando Arias caminaba con decenas de comuneros llegados a Bogotá. Transitaban por la carrera Séptima, por donde marchan hasta la Plaza de Bolívar, punto de llegada de la protesta. "Esperamos que la violencia en nuestros territorios cese", dijo. "Que se implemente la paz y que no nos sigan matando". En Bogotá, Bucaramanga y Medellín, donde se evidenciaban multitudinarias manifestaciones, se observaba una fuerte e inusual reducción del flujo vehicular y peatonal. Buena parte de empresas, universidades y colegios cancelaron previamente sus actividades.
"Hay mucho miedo de salir a las calles, pero sin embargo salimos porque mucho de ese miedo se difundió por parte del Gobierno con la represión simbólica, la militarización, el cierre de fronteras", afirmó Valentina Gaitán, referente estudiantil.
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| Protesta por la educación en Colombia |
El Gobierno no buscar llevar a cabo la aplicación de las reformas derivadas de los acuerdos de paz. Tampoco parece haber voluntad política para aplicarlos ni estrategia para financiarlos. En los últimos meses han sido asesinadas centenares de personas incluidos dirigentes sociales, periodistas, miembros de comunidades indígenas e integrantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se habían reintegrado a la vida civil. La situación es extremadamente compleja, y comienza a revelar una faceta de crisis terminal.
La realidad es que las exigencias de seguridad y de la aplicación de una política que resuelva la deuda social con millones de colombianos comenzaron a resonar en las calles. Además de los ataques a la ciudadanía, miles de desplazados por el conflicto no han podido volver a su casa ni recuperar sus tierras y los grupos paramilitares se adueñan de los espacios dejados por la guerrilla, explica la moderadora de la mesa de negociación, Aline Helg, profesora de la Universidad de Ginebra.
Había tres grandes guerrillas en Colombia. Las conocidas FARC, de vocación campesina y surgidas para frenar los despojos de los terratenientes, las cuales quedaron desarticuladas en el marco de los acuerdos de paz de 2016. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su lado, con influencia en la Teología de la Liberación, ha visto mermados sus efectivos y las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente Iván Duque se encuentran en un impasse.
El M 19 fue el único movimiento armado que obtuvo una tercera parte de los votos. Logró un gran éxito al posicionar a muchos de sus miembros en puestos claves de la política del país. Sin embargo, muchos de los excombatientes del M 19 fueron asesinados al dejar las armas, como ha sucedido con excombatientes de las FARC. Existe una guerra silenciosa, donde los intereses de las grandes empresas en Colombia utilizan sus recursos para mantener cooptado al poder político y amenazar, asesinar y mantener su influencia sobre los campos estratégicos del país. Esta realidad contribuye a hacer más compleja la situación sin que se hayan resuelto las causas del conflicto, incluida la devolución del agro a sus legítimos propietarios, se suma a la desinformación que se imparte desde los principales medios de comunicación.
En los últimos años, los grupos paramilitares se han constituído como un grupo de influencia y peligrosidad. Son grupos de extrema derecha, que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. En la década de los ochenta, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión. Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.
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| Paramilitares colombianos |
En cuanto a las Fuerzas Armadas, en los últimos años han experimentado una intensa reforma y modernización. Sin embargo, según el informe de Human Rights Watch de 2015, hasta julio de 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha investigado más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por 785 miembros del Ejército (soldados de bajo rango y suboficiales) entre 2002 y 2008.
Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado.
El informe ¡Basta Ya!del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza Pública. Por otro lado, la organización ACNUR sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto.
Entre los reclamos reflejados en las nuevas manifestaciones, están la necesidad de mayores fondos para la educación pública. Sin embargo, el desencadenante surge, al igual que en Chile y en Ecuador, como respuesta al anuncio de medidas de ajuste por parte del gobierno de Iván Duque. Dicho programa de ajuste incluye reformas laboral y previsional sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es un acumulado de situaciones que esperamos nosotros que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar todo esto luego de la jornada", explicó a AFP Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
Cómo vemos, el ajuste que llevan a cabo los gobiernos en conjunto con el FMI, renacen el espíritu organizativo y combativo de los pueblos latinoamericanos, que ahora no se levantan en Colombia solamente contra el "paquetazo" de ajuste, sino contra la incapacidad y connivencia de los distintos grupos políticos y militares que han llevado a Colombia a una situación crítica. El gobierno de Duque ha desplegado a las fuerzas del orden público y reprimido las protestas que en su mayoría se venían desarrollando con tranquilidad, lo que provocó la "preocupación" de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos", indicó en un comunicado.
Al grito de "el pueblo unido jamás será vencido", una multitud increpó a policías que acudieron al lugar y lanzaron gases para dispersar a quienes bloqueaban los accesos. Es hora de dejar de lado las diferencias políticas y que la sociedad civil latinoamericana comience a hacer valer sus derechos subyugados por factores de poder económico y político muy poderosos.
Fuentes:
- https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores
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