En este último tiempo hemos sido testigos de un proceso de vertiginosas disputas regionales y globales de los distintos sectores políticos y económicos más relevantes a nivel mundial. Desde hace décadas que la élite económica conservadora de Latinoamérica ha cooptado distintos campos de poder e influencia. Los medios de comunicación hegemónicos, el poder judicial y el sistema productivo de cada nación, en estrecha relación con la banca privada internacional, están signados por la hegemonía de la élite económica.
Dicha puja por el poder se vió reforzada en los últimos años por la llegada al poder de distintos gobiernos denominados de "derecha" a nivel regional, con Bolsonaro y a Macri como irrefutables ejemplos. De esta manera comenzó nuevamente un ciclo de intensa regresión del ingreso, aumento de la pobreza y un excesivo endeudamiento externo.
Sin embargo, la victoria de López Obrador en México fue el puntapié inicial que desestabilizó la hegemonía política de la élite económica neoliberal en el país. Más tarde Ecuador fue testigo de grandes protestas de los sectores sociales campesinos e indígenas impulsadas por el alza del precio de los combustibles. Lo mismo ocurre en Perú, donde el presidente suspendió el congreso por conflictos de intereses entre partidos. Haití es otro centro neurálgico de protestas, dónde los vínculos del presidente con las transnacionales estadounidenses y los numerosos hechos de corrupción, sumado a la terrible pobreza que vive el país, desató movilizaciones sin precedentes. Por último, vemos cómo Chile se convirtió en el escenario de la compleja conflictividad social que las políticas de privatización y neoliberalismo generan. Al elevar los precios del transporte público surgió una ola de demandas de la sociedad, harta de no poder acceder a educación y salud de calidad, y a un estándar de vida mejor sin endeudarse de por vida, evidenciando las carencias del modelo económico que llevó a Chile a ser uno de los países más desiguales de Latinoamérica y donde una minoría goza de privilegios imposibles de acceder para el común de las personas.
Es en este contexto que la ola de violencia en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales puede ser analizado desde el plano de disputa de las distintas élites económicas y políticas de la región, en un país con una importancia estratégica excepcional, donde las reservas de agua dulce y litio están en el centro de la disputa. Recordemos que Evo nacionalizó los hidrocarburos e invirtió la fórmula de repartición de la renta, permitiéndole a Bolivia quedarse con un excedente procedente de la explotación de gas y litio, pudiendo invertirlo en políticas de desarrollo, infraestructura y programas sociales de redistribución de la riqueza.
Las disputas actuales surgen a partir del referéndum que realizó Bolivia en 2016 para decidir si Evo Morales podía presentarse a otro mandato consecutivo como presidente. En el referéndum ganó la negativa por 51.3% de los votos en contra y 48.7% a favor. Sin embargo, su partido, el MAS, alegó la inconstitucional de la imposibilidad de presentarse nuevamente a elecciones por parte de Evo, aludiendo a ciertos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales garantizan la posibilidad de todos los ciudadanos de presentarse a elecciones. Por estas razones, el Tribunal Constitucional Plurinacional elegido mediante el voto popular habilitó la reelección.
Sin embargo, la legitimidad de su candidatura se vió muy cuestionada por los sectores opositores de la sociedad. Los partidos políticos opositores representados por Carlos Mesa y Fernando Camacho, confluyeron en la declaración de rechazo a las elecciones y a un supuesto fraude. Camacho es un empresario gasífero de extrema derecha cuyos seguidores prendieron fuego el edificio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y dispararon con armas de fuego a manifestantes oficialistas en las últimas semanas. Con un fuerte componente racista, Camacho integra la Logia Caballeros del Oriente, un selecto grupo que defiende la supremacía de la élite cruceña, descendiente de europeos, en contraposición a la identidad indigenista del gobierno de Evo Morales. También se vió involucrado en el escándalo de los Panamá Papers, cuando lo identificaron como uno de los ciudadanos que participó de la evasión fiscal que permitió este sistema de empresas offshore en paraísos fiscales.
La ola de violencia comenzó tras los resultados de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral postergó la finalización del conteo cuando parecía haber segunda vuelta, y tras reanudarlo, los resultados arrojaron que Evo sería el nuevo presidente en primera vuelta, por un pequeño margen. Los partidos opositores denunciaron que la victoria se dió por la manipulación de los resultados, comenzando entonces una ola de saqueos y ataques violentos a los funcionarios, a sus hogares y a edificios públicos, lo que finalizó con la renuncia de Evo, considerándolo como un golpe de Estado perpetrado por civiles, los partidos opositores, las presiones de la cúpula militar y las maniobras del gobierno norteamericano. Esto generó aún más revuelo, debido al gran porcentaje de ciudadanos que se sentía representado por Evo y que ahora siente un vacío de representatividad en el gobierno, que ahora está en manos del Legislativo.
No puede negarse que luego de 13 años en el poder, el gobierno de Evo Morales logró transformaciones sin precedentes en la sociedad boliviana, con un crecimiento anual del 4,6%, una disminución increíble de la desigualdad y de la pobreza, y reformas políticas de gran envergadura. El apoyo que su figura presenta en amplios sectores de la sociedad es indiscutible, manteniendo una influencia importante después de tantos años de gobierno. Sin embargo, a pesar de la muy alta base electoral que tiene, puede observarse una gran fragmentación de la sociedad en cuanto a quiénes deberían ser los representantes del próximo gobierno. Más allá de las sospechas de fraude, podemos concluir de los resultados de los comicios que a pesar del amplio apoyo hacia la figura de Evo, un gran porcentaje de la sociedad votó a las fuerzas opositoras. Lo que coincide con la gran fragmentación o polarización que se evidencia en las elecciones recién celebradas en otros países latinoamericanos, como es el ejemplo de Argentina, donde se evidenció el cambio en la balanza electoral a favor de los gobiernos más progresistas con la victoria del peronismo, pero con un alto grado de polarización, manteniendo el gobierno actual un alto porcentaje de votos, y una gran cantidad de representantes en el legislativo para los próximos cuatro años, aún luego de cuatro años de políticas regresivas y un altísimo endeudamiento.
El contexto actual nos obliga entonces a no limitar nuestros análisis a conclusiones simplistas y sesgadas. Los pueblos de la región y el mundo expresan una gran agitación, entienden que algo anda mal. Cuando un 1% de la población concentra más del 82% de la riqueza global. Cuando instituciones como el FMI deciden qué políticas implementar. Cuando la representación política se pone en duda constantemente, entonces es nuestra obligación realizar análisis exhaustivos sobre cuáles son las limitaciones de los modelos políticos y económicos actuales para resolver el conjunto de demandas que emanan de la sociedad, de los sectores más postergados.
Los gobiernos que más promovieron el desarrollo económico y la disminución de la pobreza, no han logrado consolidar su hegemonía en la región, lo que se expresó en la vuelta de gobiernos reaccionarios y emparentados con las élites económicas, y no con las necesidades del pueblo. Una de las conclusiones posibles al análisis del contexto actual es que, en sumatoria con las presiones que los medios de comunicación y la élite económica ejercen constantemente, existen claras limitaciones de los gobiernos a la hora de implementar políticas económicas y sociales destinadas al desarrollo sustentable y a largo plazo de los países con atraso tecnológico, una estructura productiva altamente desequilibrada y una crónica restricción externa. Los próximos gobiernos que pretendan establecer un modelo de desarrollo igualitario, inclusivo y sustentable, tendrán que buscar reformas de fondo a nivel económico y político que permitan no sólo responder a las demandas de la sociedad, sino solucionar los desequilibrios y limitantes al desarrollo nacional.
Dicha puja por el poder se vió reforzada en los últimos años por la llegada al poder de distintos gobiernos denominados de "derecha" a nivel regional, con Bolsonaro y a Macri como irrefutables ejemplos. De esta manera comenzó nuevamente un ciclo de intensa regresión del ingreso, aumento de la pobreza y un excesivo endeudamiento externo.
Sin embargo, la victoria de López Obrador en México fue el puntapié inicial que desestabilizó la hegemonía política de la élite económica neoliberal en el país. Más tarde Ecuador fue testigo de grandes protestas de los sectores sociales campesinos e indígenas impulsadas por el alza del precio de los combustibles. Lo mismo ocurre en Perú, donde el presidente suspendió el congreso por conflictos de intereses entre partidos. Haití es otro centro neurálgico de protestas, dónde los vínculos del presidente con las transnacionales estadounidenses y los numerosos hechos de corrupción, sumado a la terrible pobreza que vive el país, desató movilizaciones sin precedentes. Por último, vemos cómo Chile se convirtió en el escenario de la compleja conflictividad social que las políticas de privatización y neoliberalismo generan. Al elevar los precios del transporte público surgió una ola de demandas de la sociedad, harta de no poder acceder a educación y salud de calidad, y a un estándar de vida mejor sin endeudarse de por vida, evidenciando las carencias del modelo económico que llevó a Chile a ser uno de los países más desiguales de Latinoamérica y donde una minoría goza de privilegios imposibles de acceder para el común de las personas.
Es en este contexto que la ola de violencia en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales puede ser analizado desde el plano de disputa de las distintas élites económicas y políticas de la región, en un país con una importancia estratégica excepcional, donde las reservas de agua dulce y litio están en el centro de la disputa. Recordemos que Evo nacionalizó los hidrocarburos e invirtió la fórmula de repartición de la renta, permitiéndole a Bolivia quedarse con un excedente procedente de la explotación de gas y litio, pudiendo invertirlo en políticas de desarrollo, infraestructura y programas sociales de redistribución de la riqueza.
Las disputas actuales surgen a partir del referéndum que realizó Bolivia en 2016 para decidir si Evo Morales podía presentarse a otro mandato consecutivo como presidente. En el referéndum ganó la negativa por 51.3% de los votos en contra y 48.7% a favor. Sin embargo, su partido, el MAS, alegó la inconstitucional de la imposibilidad de presentarse nuevamente a elecciones por parte de Evo, aludiendo a ciertos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales garantizan la posibilidad de todos los ciudadanos de presentarse a elecciones. Por estas razones, el Tribunal Constitucional Plurinacional elegido mediante el voto popular habilitó la reelección.
Sin embargo, la legitimidad de su candidatura se vió muy cuestionada por los sectores opositores de la sociedad. Los partidos políticos opositores representados por Carlos Mesa y Fernando Camacho, confluyeron en la declaración de rechazo a las elecciones y a un supuesto fraude. Camacho es un empresario gasífero de extrema derecha cuyos seguidores prendieron fuego el edificio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y dispararon con armas de fuego a manifestantes oficialistas en las últimas semanas. Con un fuerte componente racista, Camacho integra la Logia Caballeros del Oriente, un selecto grupo que defiende la supremacía de la élite cruceña, descendiente de europeos, en contraposición a la identidad indigenista del gobierno de Evo Morales. También se vió involucrado en el escándalo de los Panamá Papers, cuando lo identificaron como uno de los ciudadanos que participó de la evasión fiscal que permitió este sistema de empresas offshore en paraísos fiscales.
La ola de violencia comenzó tras los resultados de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral postergó la finalización del conteo cuando parecía haber segunda vuelta, y tras reanudarlo, los resultados arrojaron que Evo sería el nuevo presidente en primera vuelta, por un pequeño margen. Los partidos opositores denunciaron que la victoria se dió por la manipulación de los resultados, comenzando entonces una ola de saqueos y ataques violentos a los funcionarios, a sus hogares y a edificios públicos, lo que finalizó con la renuncia de Evo, considerándolo como un golpe de Estado perpetrado por civiles, los partidos opositores, las presiones de la cúpula militar y las maniobras del gobierno norteamericano. Esto generó aún más revuelo, debido al gran porcentaje de ciudadanos que se sentía representado por Evo y que ahora siente un vacío de representatividad en el gobierno, que ahora está en manos del Legislativo.
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| Las fuerzas Armadas presionaron para la renuncia de Evo Morales |
No puede negarse que luego de 13 años en el poder, el gobierno de Evo Morales logró transformaciones sin precedentes en la sociedad boliviana, con un crecimiento anual del 4,6%, una disminución increíble de la desigualdad y de la pobreza, y reformas políticas de gran envergadura. El apoyo que su figura presenta en amplios sectores de la sociedad es indiscutible, manteniendo una influencia importante después de tantos años de gobierno. Sin embargo, a pesar de la muy alta base electoral que tiene, puede observarse una gran fragmentación de la sociedad en cuanto a quiénes deberían ser los representantes del próximo gobierno. Más allá de las sospechas de fraude, podemos concluir de los resultados de los comicios que a pesar del amplio apoyo hacia la figura de Evo, un gran porcentaje de la sociedad votó a las fuerzas opositoras. Lo que coincide con la gran fragmentación o polarización que se evidencia en las elecciones recién celebradas en otros países latinoamericanos, como es el ejemplo de Argentina, donde se evidenció el cambio en la balanza electoral a favor de los gobiernos más progresistas con la victoria del peronismo, pero con un alto grado de polarización, manteniendo el gobierno actual un alto porcentaje de votos, y una gran cantidad de representantes en el legislativo para los próximos cuatro años, aún luego de cuatro años de políticas regresivas y un altísimo endeudamiento.
El contexto actual nos obliga entonces a no limitar nuestros análisis a conclusiones simplistas y sesgadas. Los pueblos de la región y el mundo expresan una gran agitación, entienden que algo anda mal. Cuando un 1% de la población concentra más del 82% de la riqueza global. Cuando instituciones como el FMI deciden qué políticas implementar. Cuando la representación política se pone en duda constantemente, entonces es nuestra obligación realizar análisis exhaustivos sobre cuáles son las limitaciones de los modelos políticos y económicos actuales para resolver el conjunto de demandas que emanan de la sociedad, de los sectores más postergados.
Los gobiernos que más promovieron el desarrollo económico y la disminución de la pobreza, no han logrado consolidar su hegemonía en la región, lo que se expresó en la vuelta de gobiernos reaccionarios y emparentados con las élites económicas, y no con las necesidades del pueblo. Una de las conclusiones posibles al análisis del contexto actual es que, en sumatoria con las presiones que los medios de comunicación y la élite económica ejercen constantemente, existen claras limitaciones de los gobiernos a la hora de implementar políticas económicas y sociales destinadas al desarrollo sustentable y a largo plazo de los países con atraso tecnológico, una estructura productiva altamente desequilibrada y una crónica restricción externa. Los próximos gobiernos que pretendan establecer un modelo de desarrollo igualitario, inclusivo y sustentable, tendrán que buscar reformas de fondo a nivel económico y político que permitan no sólo responder a las demandas de la sociedad, sino solucionar los desequilibrios y limitantes al desarrollo nacional.
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