Democracias capturadas y desigualdad social en América Latina

La tarea fundamental de los Estados es desarrollar políticas públicas que mejoren el bienestar de las personas. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad, ya que gran parte de las decisiones de nuestras democracias modernas están yendo en contra de nuestra calidad de vida. La implementación de políticas públicas que llevan adelante los gobernantes, muchas veces reducen o limitan los derechos adquiridos de la ciudadanía. Una evidencia clara de esta situación es que en América Latina, la política fiscal llega a aumentar los niveles de pobreza en seis países de la región. Es decir, el Estado recauda dinero a través de los impuestos y los gasta en políticas públicas. En problema radica en que hay más pobreza luego de que el Estado interviene en la sociedad que antes de que lo haga. El Estado obtiene dinero a través del cobro de impuestos y no es capaz de mejorar eficientemente la calidad de vida de la mayoría de la población.

Una democracia que funcione correctamente no debería permitir que esto se repita a lo largo del tiempo. La desigualdad en América Latina y el Caribe solo puede explicarse por la falta de calidad democrática que poseen los países.

Una de las causas más importantes de esta característica de los países en la actualidad, y en particular de la región, radica en la existencia de lobbies que responden a los intereses de los grandes conglomerados económicos. La influencia política que poseen estas élites económicas en los funcionarios y sus procesos de toma de decisión, genera una suerte de cooptación del Estado para ponerlo a su servicio y no al de la ciudadanía. Una cifra interesante muestra que el 75% de la población latinoamericana piensa que se gobierna para unos pocos grupos poderosos. Esta idea de que la democracia funciona solo para unos pocos ha aumentado desde la crisis financiera de 2008. Este es un dato muy preocupante, ya que muestra que cada vez hay más gente que cree que la democracia no responde eficientemente a sus demandas. Un 65% de los y las latinoamericano/as dicen estar insatisfechos con sus democracias.

La realidad es que América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta en la distribución de su ingreso, a pesar de los avances de los últimos años. Esto es particularmente importante, ya que la desigualdad es un importante indicador de la calidad democrática.

Durante la década de los ‘80 y los ‘90, se llevó a cabo un ajuste estructural que aplicó medidas como el recorte del gasto social, la privatización de servicios públicos, la nacionalización de la deuda privada, la liberalización del mercado laboral y la reducción de salarios. Luego de estas dos décadas, América Latina y el Caribe alcanzaron su máximo nivel histórico en desigualdad económica y pobreza.

Desde los comienzos del milenio, con la llegada de los gobiernos denominados “progresistas”, se llevaron a cabo políticas que contribuyeron a la disminución de la desigualdad en la región. En este periodo, el boom de las materias primas facilitó el aumento del gasto público y la inversión social. El aumento del salario mínimo, las políticas de lucha contra la desigualdad de género, el impulso del empleo y la inversión frente a la acumulación de capital en pocas manos, los impuestos a la renta y la riqueza, y la protección social de calidad han probado que son capaces de reducir la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, la mayoría de estos gobiernos no han buscado generar transformaciones radicales en la distribución del ingreso, manteniendo muchos aspectos claves de la concentración del capital en pocas manos y el desarrollo de ciertas políticas de corte neoliberal. Ha habido un aumento del peso de los impuestos al consumo con respecto a los impuestos
a la renta o la riqueza en la estructura tributaria de la región. Esto queda evidenciado en numerosos estudios, que indican que en el año 2000, el 1% más rico de América Latina y El Caribe concentraba el 33% de la riqueza de la región. Para el año 2017, esta concentración pasó a ser del 37%. El número de billonarios en la región se ha más que triplicado y la fortuna acumulada de este grupo creció de 59 a 440 billones de dólares, es decir, un crecimiento del 596%, mientras que los ingresos de las mayorías disminuyó.

Estos gobiernos no tocaron las importantes causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, como el patriarcado, el extractivismo, la corrupción, la precariedad laboral o la extrema concentración de riqueza en las manos de unos pocos. Esto ha marcado los límites impuestos a los gobiernos progresistas.

Los niveles de desigualdad y la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia, se entiende debido a la existencia de lobbies que cooptan las instituciones democráticas para impulsar políticas que mantienen la posición privilegiada de dichas élites.

Entendiendo la importancia de la redistribución, la política fiscal es el principal instrumento del Estado para enfrentar la desigualdad. La forma en que se recauda puede hacer que paguen más los que más tienen, consiguiendo así reducir la desigualdad del ingreso.

El potencial de dicha reestructuración de los impuestos, es más eficiente si se articula con la implementación de otras políticas, como la promoción del trabajo, la política industrial o productiva, así como las políticas sociales. Ante ésta alternativa, podemos confrontar el modelo actual del gobierno de Macri. La estructura de los impuestos se ha vuelto aún más regresiva y ha agudizado la crisis económica y social del país. El aumento de las tarifas de los servicios como la luz y el gas, junto con el aumento del transporte público, dentro del actual contexto de recesión económica, están provocando los conocidos “cacerolazos”. Movilizaciones y protestas llevadas a cabo por la ciudadanía comienzan a manifestarse como resultado de la falta de calidad democrática, que permite que se ponga al Estado y a sus instituciones al servicio de intereses que no son los de la gente, sino los de los más ricos.

Según la CEPAL, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las transferencias directas en efectivo, el impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social reducen la desigualdad de ingresos un 36%; mientras que en la región solo reducen un 6% la desigualdad.

En todos los países, los rubros que mayor impacto tienen en la reducción de la desigualdad son el gasto en educación y salud (5% promedio), seguido de los impuestos y transferencias directas (2.7% promedio).

La incapacidad de los gobiernos de generar transformaciones democráticas que mejoren nuestra calidad de vida comienza a notarse fuertemente hace unos años. La pobreza está volviendo a aumentar. En 2014, el 28.5 % de la población de la región se encontraba en situación de pobreza, y en 2016 el porcentaje ascendió hasta el 30.7 %. La pobreza extrema pasó del 9 % al 10.2%.

En este contexto, los nuevos gobiernos de la región han vuelto a implementar las viejas recetas fracasadas como las políticas de austeridad (ajuste), la liberalización laboral o la privatización de los servicios públicos. El diseño del sistema tributario ha beneficiado entonces a los que concentran la riqueza, y perjudicado a la mayoría de personas que consumen lo poco que tienen en productos básicos para la vida.

De esta manera, y ahora intensificado por la actividad financiera y el endeudamiento externo, se genera un sistema de robo, que extrae el dinero a las clases medias y bajas, y lo transfiere a los grupos económicos más poderosos.

Necesitamos mejorar nuestras democracias y nuestras instituciones. La ciudadanía deberá encontrar la manera de presionar a los gobiernos para que éstos busquen llevar a cabo sus demandas y no los intereses de los grandes empresariados y conglomerados económicos. Mientras el pueblo no se exprese concretamente y diga “basta” a ésta situación, siempre de manera pacífica, como punto primordial para el desarrollo de nuestras democracias, los gobernantes continuarán priorizando los intereses de los más poderosos, aumentando los impuestos que destrozan nuestra calidad de vida y realizando políticas económicas de ajuste.

Por ahora, los incipientes cacerolazos son una expresión parcial de estas demandas. Veremos en los próximos meses si la ciudadanía logrará unirse frente al avasallamiento de sus derechos, buscando transformaciones estructurales que mejoren nuestras democracias, la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo para un mejor desarrollo futuro de nuestra sociedad en su conjunto.

 

Fuente: 

Democracias capturadas: El gobierno de unos pocos, Rosa Cañete Alonso, Osfam, Clacso.